Mijaíl Fridman inició un arbitraje contra Países Bajos, acusando al país de expropiar sus inversiones. La demanda se refiere a la protección de inversiones en virtud del acuerdo soviético-neerlandés de 1989, y su monto asciende a cientos de millones de euros.
La esencia de las reclamaciones del empresario contra Países Bajos está relacionada con la quiebra de Amsterdam Trade Bank, que adquirió a través de sus estructuras en 2001. Tras la imposición de sanciones en 2022, el banco se encontró en una situación difícil y fue declarado insolvente, a pesar de un alto coeficiente de suficiencia de capital superior al 22%. Fridman sostiene que el banco era solvente y estable, y que su quiebra fue una consecuencia directa de las restricciones económicas.
Un argumento adicional del demandante es la decisión del Tribunal de la UE de 2024. En ese momento, el tribunal reconoció que el Consejo de la UE no justificó las razones para imponer sanciones contra Fridman, aunque las restricciones se mantuvieron posteriormente con nuevas bases. El empresario considera esto una prueba de un enfoque arbitrario hacia las sanciones.
El procedimiento de arbitraje se lleva a cabo en Dubái, en el Centro Financiero Internacional. Las partes acordaron un reglamento que permite el uso de inteligencia artificial para tareas auxiliares: investigación jurídica, traducción y verificación de citas. Sin embargo, está prohibido cargar materiales confidenciales del caso en sistemas de IA abiertos sin protección de datos.
Este proceso se ha convertido en la tercera disputa de arbitraje de Fridman contra estados europeos. Anteriormente, litigó con Luxemburgo y el Reino Unido, intentando impugnar la congelación de activos y otras consecuencias de las sanciones. En el nuevo caso, las cuestiones clave serán la interpretación de las sanciones como expropiación ilegal y la responsabilidad de Países Bajos por las decisiones tomadas a nivel de la UE.
Los abogados evalúan las posibilidades de las partes de manera ambigua. El acuerdo de protección de inversiones ciertamente prevé protección contra la expropiación, pero la interpretación de las sanciones como una forma de la misma sigue siendo discutible. Si Fridman logra demostrar que las acciones de Países Bajos llevaron a la pérdida de su capital, esto sentará un precedente importante para otros inversores afectados por las sanciones.
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